Vienen mejoras para los funcionarios a partir de 2015

Ha llegado el momento de devolver los derechos recortados a los funcionarios durante la crisis y que han ocasionado la escasa regeneración de las plantillas y las congelaciones salariales. Aunque “es mejor no generar ninguna expectativa” el Gobierno está estudiando incluir alguna mejora para los empleados públicos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015 según ha afirmado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

Entre las medidas que se barajan, aunque sin comunicación formal por parte del Ministerio de Hacienda, se encuentra la devolución de la paga extra que les fue “aplazada” a los empleados públicos en el año 2012. Se haría a partir del próximo año y en metálico en lugar de una o varias aportaciones a sus planes de pensiones, dado que la mitad de los funcionarios no cuentan con uno. La tasa de reposición es otro de los asuntos principales ya que apenas se ha movido un 10% desde la última legislatura de Rodríguez Zapatero, cubriéndose uno de cada diez puestos vacantes por jubilaciones y, únicamente, en servicios esenciales.

La aprobación el pasado jueves de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), representa una inclusión paulatina de algunas mejoras para la acción pública. Las principales mejoras recogidas son:

  • Día de libre disposición: Los funcionarios pasan a tener cinco días de libre disposición (moscosos) frente a los cuatro que tenían desde julio 2012, cuando se suprimió mediante Real Decreto la paga extra de Navidad y tres de los seis días de libre disposición de los disponían los funcionarios. De esta forma, se concede un día más a asuntos particulares de los empleados públicos.
  • Flexibilización de la dependencia funcional de los funcionarios interinos: Se introducen cambios para fomentar la movilidad de los empleados públicos, a fin de que puedan destinarse más recursos a las unidades deficitarias de personal.
  • Cambios normativos del Estatuto Básico del Empleado Público para permitir a las personas que trabajan en la Administración que tengan otras vías de desempeño profesional dentro de su carrera administrativa. Así, se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar y se aclara el régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre administraciones territoriales.

Continuidad en las negociaciones con el gobierno

A finales del mes de julio CSIF informaba a través de un comunicado que emplazó al Gobierno a introducir nuevas políticas que permitieran a las administraciones públicas a actuar como motor económico en la salida de la crisis, la creación de empleo de calidad y mejorar la calidad en los servicios públicos deteriorados a lo largo de los últimos años. Los sindicatos han insistido en dar continuidad a la Mesa General de negociación para mantener las conversaciones iniciadas antes del verano.

Entre las medidas abordadas se encuentra la de contar con un plan de recursos humanos para determinar las necesidades de las plantillas y convocar ofertas de empleo público a fin de regenerar las plantillas envejecidas pues un tercio de los funcionarios se jubilarán a medio plazo. De los cerca de tres millones de funcionarios actuales, alrededor de 200.000 son mayores de 60 años y algo más de 915.000 superan la cincuentena. Aun habiendo 9.000 nuevas ocupaciones registradas en el último trimestre, se han perdido 377.100 puestos de trabajo en los últimos tres años. Es necesario, por tanto, ampliar la oferta de empleo público de los próximos presupuesto generales.

La negociación entre los sindicatos y el Gobierno, se ha centrado también en los criterios mínimos en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en recuperar el carácter de norma básica del Estatuto Básico y recuperar de los cauces y medios de negociación perdidos durante los últimos años. Además, CSI-F insiste en la necesidad de impulsar un pacto de Estado que garantice la pervivencia y la modernización del sistema de administraciones públicas.

Más información.

Fuente: expansion.com

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