Un sistema de pensiones solvente y una política social sin precedentes. Los pilares de la intervención de José Luis Escrivá.

“La percepción de solvencia es absoluta”. Así de contundente se mostraba el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la preocupación de los pensionistas por el impacto que pueda llegar a tener la crisis del COVID-19 en el sistema público de pensiones. Las declaraciones tenían lugar durante un encuentro virtual organizado por Nueva Economía Fórum, en el que, si bien estaba orientado en un principio a abordar el Ingreso Mínimo Vital, la participación del ministro servía a su vez, para esclarecer otras cuestiones que atañen a su ministerio.

Así pues, José Luis Escrivá dedicaba parte de su intervención a ofrecer un análisis de la actual coyuntura del modelo público de pensiones, queriendo hacer hincapié en diferenciar la situación actual con la vivida en el año 2008. “Esta crisis no tiene nada que ver con la anterior. En la anterior hubo una crisis sobre la deuda pública y finanzas muy generalizada y se materializó en primas de riesgo enormes”, destacaba. En este sentido, continuaba incidiendo en que actualmente España “se está financiando a tipos de interés de 10 años”, resaltando que a nuestro país le pagan por emitir deuda.

Del mismo modo, aprovechaba también para anunciar que el Pacto de Toledo retomará sus trabajos próximamente y que el consenso entre las formaciones políticas en torno a la problemática de las pensiones a medio y largo plazo permitirá avanzar hacia la consecución de un acuerdo favorable. Tal y como manifestaba durante su etapa como presidente de la AIRef, José Luis Escrivá, recordaba la necesidad de seguir trabajando en incentivos positivos que consigan “que la edad efectiva de jubilación, que está por debajo de 63 años, se acerque a los 67 años”, una de las claves en la sostenibilidad del sistema de pensiones. “Si movemos la edad de jubilación en esa dirección, podemos abordar esta cuestión –las pensiones públicas- con mucha tranquilidad”, destacaba.

Las claves del Ingreso Mínimo Vital

A tan solo una semana de que llegue el día, por el que, según lo indicado recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 255.000 personas recibirán la primera cuantía del Ingreso Mínimo Vital, fijada para el 26 de junio, la opinión pública se concentra en torno a esta renta básica y su ambicioso proyecto por conseguir una reducción de la pobreza más extrema. “El Ingreso Mínimo Vital busca erradicar uno de los mayores desequilibrios de España, que es el aumento de la desigualdad, muy intensamente manifestada en comparación con otros países,” apuntaba durante su exposición la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Una aportación que, a su vez, era secundada por José Luis Escrivá, quien en los últimos días ha intensificado sus intervenciones, a fin de ofrecer todos los detalles acerca de este “conjunto de políticas públicas que rodean a una prestación”.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 29 de mayo, la Seguridad Social ponía a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito para atender consultas, así como un simulador mediante el que poder comprobar si la persona interesada en recibir esta ayuda cumple con los requisitos necesarios, y de ser así, cuál sería la cantidad que debiera percibir, pudiendo variar esta entre los 461,5 euros y los 1.015 euros, en función de su situación particular. Según lo aportado por Pedro Sánchez durante su comparecencia el 7 de junio al finalizar la reunión con los presidentes autonómicos, la aplicación habría realizado más de 3,5 millones de simulaciones en tan solo una semana.

La medida, que ha tenido una buena acogida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a su compromiso con los más vulnerables (algo de lo que el propio Escrivá se hacía eco en sus redes sociales), era calificada por el ministro como una política social “particularmente moderna” al estar “muy focalizada” y contar con unos “incentivos a la inclusión social y a la integración en el mercado laboral”. A su vez, el que fuera presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ponía en valor la contención fiscal de la misma, añadiendo que dicha política podría ir adaptándose en el tiempo, siendo los agentes sociales los que constituyan un comité de seguimiento.

Con respecto a la puesta en marcha de la Tarjeta Social Digital, sistema de información en el que fueron integrados los pensionistas del Régimen de Clases Pasivas por la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el ministro destacaba su valor a la hora de gestionar de manera eficaz cuestiones como el Ingreso Mínimo Vital. “Va a ser un documento digital que tendremos todos, que incorpora toda la información de las prestaciones sociales que tiene cada persona, ya sean de cualquier Administración”, añadía.

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