Sorpresas en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015

En la Ley de Presupuestos Generales para el Estado para 2015 (LPG), expuesta profusamente por la prensa parecen haber pasado desapercibidas dos cuestiones que, de salir adelante, tal y como están en el proyecto, pueden ser de gran trascendencia para sus posibles destinatarios. Por un lado se equipara a los funcionarios que prolonguen su vida laboral a los trabajadores del régimen de Seguridad Social y, por otro, se deja fuera del régimen de Clases Pasivas a los Registradores de la Propiedad que pasarán a estar encuadrados en el de Autónomos.

En la Disposición Adicional Vigésima Tercera del proyecto de LPG el legislador, aunque con una redacción algo confusa por los reenvíos normativos, hace extensiva a los funcionarios que prolonguen su actividad más allá de su edad legal de jubilación, la posibilidad de alcanzar un porcentaje superior al 100% del regulador en aquellos casos que se acrediten más de 35 años de servicios efectivos al Estado. De esta manera se equiparan los derechos de los funcionarios a los de los trabajadores encuadrados en el Régimen de Seguridad Social que prolonguen su vida activa más allá de los 65 años de edad.

La Disposición Adicional Sexagésima sexta del mismo proyecto, encuadra, a los Registradores de la Propiedad que ingresen en el cuerpo a partir de 1 de enero de 2015, en el régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA). Los que lo hubieran hecho antes de la fecha señalada, permanecerán adscritos al Régimen de Clases Pasivas. De esta manera se continúa la senda comenzada en el año 2011 de incluir a todos los nuevos funcionarios en el Régimen de Seguridad Social.

La equiparación de los funcionarios a los trabajadores adscritos a la Seguridad Social en cuanto a las condiciones de acceso a la pensión de jubilación en los casos de prolongación de la actividad laboral venía siendo una reivindicación insistente tanto de los sindicatos como los diferentes colectivos en que se agrupan los funcionarios. Así, un informe de 11 de julio de 2014 elaborado por expertos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y miembros de la Academia Española de Administración Pública, apuntaba “… la necesidad de que el gobierno legisle con premura en relación con la pensión de los funcionarios que continúan trabajando tras los 65 años a fin de cesar en el trato desigual y discriminatorio”. Proponían, por tanto, que la Ley de Presupuestos Generales para el año 2015 incluyera una disposición que aplicara a los funcionarios de Clases Pasivas el régimen establecido para todos los funcionarios del Sistema de Seguridad Social, indicando que, de proseguir a inacción legislativa cabría la vía del recurso de amparo constitucional.

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