Sobre el acceso a la jubilación voluntaria en el Régimen de Clases Pasivas

En las últimas semanas las pensiones públicas han pasado a convertirse en uno de los mayores reclamos para los medios de comunicación nacionales. La reactivación de la Comisión del Pacto de Toledo y los posteriores acuerdos alcanzados en el seno de la comisión parlamentaria, han trasladado la reforma del modelo público a primera línea informativa, impulsada por el interés que tal cuestión suscita en la población en general, y muy particularmente entre el colectivo de pensionistas.

En mitad de esta barahúnda informativa, el Régimen de clases pasivas pasaba a ser también objeto de análisis, tras la reciente publicación de un artículo titulado «Clases Pasivas: un régimen privilegiado de jubilación» en el que como su propio titular indica, se llega a tildar a dicho Régimen de «privilegiado». En concreto, el escrito hace referencia a un supuesto acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que permitiría a los funcionarios adscritos al mismo, seguir jubilándose voluntariamente a los 60 años, pese a la futura reforma. Según lo expuesto, el colectivo quedaría aparentemente exento de tener que demorar su retiro, siempre y cuando se haya servido al Estado durante al menos 35 años, una cifra que requiere precisar, dada la confusión que puede generar el escrito, correspondería al número total de años que serían necesarios para poder cobrar la pensión máxima (una vez superada esta cifra la cuantía de la pensión no se verá incrementada). De hecho, en base a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 670/1987, los funcionarios de clases pasivas podrían acceder a la jubilación voluntaria siempre y cuando «el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado» (art. 28.2.b).

El hecho de que la edad de retiro para los funcionarios se encuentre por debajo de la exigida a los trabajadores adscritos al Régimen General, en cuyo caso estos accederían a la totalidad de la cuantía siempre y cuando, siendo la edad ordinaria de jubilación en 2020, de 65 años y se haya cotizado durante al menos 37 años (tal y como prevé la ley de actualización y modernización del sistema de Seguridad Social en relación a la aplicación paulatina de la edad de jubilación y años de cotización), es considerada por el autor como una de las principales razones en las que se sustentaría esta discriminación. En este sentido y, siguiendo con lo recogido por dicho artículo, el no alargar la vida laboral de los funcionarios, al igual que se pretendería hacer con los trabajadores de la Seguridad Social, no concordaría con la predisposición del Pacto de Toledo a seguir retrasando la edad de retiro para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Más allá de la jubilación voluntaria

Sin embargo, esta no es la única información que se ha publicado al respecto últimamente. En un artículo compartido ese mismo día por el mismo medio, se ahonda más en la cuestión, estableciendo que debido a la aprobación del Real Decreto-ley 15/2020, por el que se hacía efectivo el traspaso de la gestión de las clases pasivas al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, ambos partidos habrían visto necesario esclarecer mediante las recomendaciones qué ocurrirá con las pensiones de los funcionarios. A su vez, el texto hace especial referencia al gasto que actualmente supone al Estado el mantenimiento de este Régimen, no obstante, es necesario apuntar que el retiro de estos trabajadores supone un ahorro para las arcas públicas, ya que, el desembolso es menor en estas condiciones que en activo.

Si bien, ambas publicaciones centran el debate en el hecho de que las clases pasivas cuenten con la posibilidad de acceder antes que cualquier otro trabajador a la jubilación voluntaria, resulta igualmente interesante destacar lo ajustado de los salarios en activo, así como la propia debilidad de un sistema que, reformas como la del año 2011, habrían provocado que a día de hoy cualquier funcionario sea integrado en el Régimen de la Seguridad Social.

Además de todo lo señalado, es conveniente recordar que la Comisión del Pacto de Toledo se encuentra actualmente trabajando en las recomendaciones que servirán de hoja de ruta para la reforma de las pensiones públicas, por lo que, hasta el momento, no se conoce con exactitud ni el contenido de dicho documento, ni tampoco los acuerdos alcanzados.

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