Fiscalía General: los colegios profesionales considerados persona jurídica penalmente responsable

Los colegios profesionales tienen la consideración de personas jurídicas penalmente responsables según la interpretación dada por la Fiscalía General en la recientemente publicada Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.

La finalidad de la circular es la de impartir instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance, fórmula de “autorregulación regulada” que se configuran como una eximente de la responsabilidad penal de las empresas.

En este sentido, el artículo 31.1 quinquies de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, recoge las personas jurídicas a las que no les son aplicables las disposiciones relativas a la responsabilidad penal (Estado, las Administraciones públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas).

La justificación y conclusión aportada por la vigente circular resalta que el ejercicio de “potestades públicas de soberanía o administrativas”, por su tenor literal, resulta solo a las administraciones públicas y no a los entes de naturaleza asociativa privada, quedando, según esta interpretación de la Fiscalía General, los Colegios profesionales, las Cámaras de comercio, los sindicatos y los propios partidos políticos fuera del artículo, y por tanto, teniendo la consideración de personas jurídicas penalmente responsables.

Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, esto es, instituciones con una naturaleza de carácter público-privado. Además los colegios profesionales están reconocidos en la Constitución Española (CE), concretamente en el artículo 36, distinguiendo su naturaleza y funciones de otras entidades como son las asociaciones (art. 22 CE), los sindicatos (art. 28 CE), las asociaciones empresariales (art. 7 CE), o las organizaciones profesionales (art. 52).

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