Principales retos para una sociedad envejecida

El reto demográfico se ha posicionado como una de las cuestiones más inmediatas y paralelamente, que más atención demandan dentro de la agenda política de los países desarrollados. Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida dan paso a los atisbos de lo que próximamente será una sociedad envejecida. Si en 2019 las personas mayores en España lograban registrar una cifra histórica, representando a un 19,4% de la población, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estima que, en el año 2050 estas puedan llegar a suponer el 31,6% de la ciudadanía española.

Como consecuencia de este proceso, desde el Consejo de Europa han trabajado en la elaboración de un documento en el que se exponen algunas de las principales conclusiones, así como líneas de actuación en las que deberán trabajar los países, de cara a un mundo cada vez más poblado y con unos recursos muy limitados. Según lo expuesto por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, durante su participación en el encuentro virtual ofrecido por Canal Sénior, “Los derechos de las personas mayores”, entre 2008 y 2018 nuestro país habría experimentado un crecimiento de un millón de habitantes, habiendo pasado de los 45.6 millones a los 46.6 millones de personas en apenas una década. No obstante, a consecuencia de la crisis del 2008 y posteriores, dicho crecimiento no habría venido acompañado de un incremento del gasto sanitario, habiéndose producido más bien una contracción del mismo. “Las políticas de la Unión Europea en general, lo que hicieron fue señalar que el gasto sanitario debería ser más reducido”, apuntaba Fernández Marugán, quien cuestionaba la eficacia de seguir aplicando esta filosofía en la actualidad. Lo que sí se ha podido constatar, tal y como destacaba el Defensor del Pueblo, a través de las quejas recibidas por este órgano de autoridad moral, es que la reducción del gasto público sanitario se habría traducido en “más necesidades y menos recursos”.

Precisamente en esta defensa por la sanidad es en la que también se habría posicionado el Consejo de Europa, desde donde abogan por impulsar “un sistema de asistencia sanitaria global adaptada a cada edad, en particular en el caso de las personas dependientes”, a través de la elaboración de políticas que lo permitan. Con respecto a los modelos de pensiones y de cuidados de larga duración, el documento recoge la necesidad de proceder a su remodelación, a fin de garantizar la sostenibilidad de ambos sistemas ante el aumento de la población mayor. El objetivo principal es, por tanto, lograr que las personas mayores sigan viendo cubiertas todas sus necesidades, bajo la premisa de poder vivir más y mejor, dando paso a una nueva “oportunidad para desarrollar nuevos servicios, nuevos empleos y nuevas formas de cooperación, y para el desarrollo social.” Por ello, es fundamental que los países promuevan la concienciación colectiva acerca de la importancia de que estas personas sigan participando activamente en la sociedad, garantizándoles la cobertura de sus derechos y promoviendo a su vez, la solidaridad intergeneracional y el envejecimiento saludable.

Una ley orgánica que proteja a los residentes

En relación a lo acontecido en los centros residenciales de mayores durante la actual crisis, Fernández Marugán apuntaba que “la pandemia lo que ha hecho es ponerle la lupa al problema y lo ha puesto de relieve”. De esta manera, incidía en que, pese a que la falta de organización y de derechos se habría acentuado en este periodo, la institución vendría trabajando sobre ello desde hacía tiempo, habiendo sido abordados ambos asuntos en sus últimos informes. Para el político y economista, una de las principales líneas sobre las que se debería comenzar a trabajar estaría estrechamente relacionada con el pluralismo legislativo actualmente vigente entre las Comunidades Autónomas, debiendo ser considerada la posibilidad de homogeneizar ciertas prácticas.

Además de destacar la importancia de que los profesionales de este tipo de centros estén perfectamente capacitados para ello, a través de una buena formación, y señalar nuevamente la escasez de personal frente al número de altas de residentes, el Defensor del Pueblo volvió a mencionar la importancia de aprobar una ley orgánica para las residencias. Su principal función consistiría en proteger los derechos de los residentes frente a cuestiones como el ingreso involuntario o el uso de las conocidas como sujeciones mecánicas, limitándolas en el tiempo y exigiendo que siempre se realicen bajo prescripción médica. La ley, supondría el inicio para acabar con las injustas situaciones a las que muchos mayores tienen que hacer frente en su día a día, a consecuencia de su edad.

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