“Pluriempleo” para los funcionarios

Han sido centenares las peticiones de funcionarios solicitando la compatibilidad de su actividad en la Administración con otra de carácter público o privado, desde que el pasado 19 de marzo en Sentencia del 72/2014, el juzgado de los Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona fallase en favor de un guardia urbano de Lleida.

El guardia reclamaba compaginar su puesto con una actividad asalariada como abogado debido a la notable pérdida de poder adquisitivo para los funcionarios durante los últimos años. Esta nueva situación, según apuntó el policía local, requiere un interpretación más flexible de la regulación sobre incompatibilidades en el sector público. Recoge el fragmento el aspecto mencionado así como el reconocimiento del derecho constitucional de cualquier trabajador a una remuneración suficiente (FJ 4).

En la actualidad, si se suman los porcentajes de las congelaciones y reducciones salariales aplicadas en 1996, 2010, 2011 y 2012, la pérdida total de poder adquisitivo de quienes son funcionarios públicos, y quienes accedieron a la función pública tras la superación de una oposición, con unas expectativas económicas concretas, tenemos que la misma ha sido de entre un 8% y un 20%, según el funcionario. Ello habría que expresarlo no en términos económicos, sino buscando en el pasado a qué equivalen estas 2 congelaciones/ reducciones sucesivas. Y la respuesta es bien fácil: la función pública española ha retrocedido a los niveles retributivos propios de los años 2003 y anteriores.

La Constitución española señala como derecho de cualquier trabajador el tener una “remuneración suficiente” (artículo 35 CE). Pero en las condiciones anteriores, muy difícilmente puede mantenerse ya que la retribución de los funcionarios sea una “remuneración suficiente”. Es evidente que lo que era suficiente en 2003 y en años anteriores no puede serlo en modo alguno en 2012.

De esta manera apunta la sentencia la necesaria flexibilización de una normativa inadecuada por no reflejar la realidad socioeconómica vigente.

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