Panorama económico del sistema de pensiones durante 2020

La entrada del nuevo año trae consigo una serie de cambios en materia de pensiones y jubilación que, tienen sus precedentes en dos de las reformas más importantes llevadas a cabo durante los últimos tiempos en el ámbito de la Seguridad Social: la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Social y la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

De manera que, si durante este año la edad de jubilación se situaba en 65 años (habiendo cotizado 36 años y 9 meses, o más), en el año 2020 la edad de jubilación seguirá manteniéndose en los 65 años, pero con el requisito de haber cotizado durante 37 años. El Ministerio de Trabajo también establece que para aquellos casos en los que la cotización se encuentre por debajo de esta cifra, la edad para acceder a la jubilación aumentará hasta los 65 años y 10 meses (dos meses más con respecto a 2019).

La jubilación anticipada también experimenta este crecimiento progresivo pasando de los 61 años y 8 meses que se exigían en 2019 (con una cotización mínima de 34 años y 9 meses o más), a los 61 años y 10 meses en 2020, teniendo que haber cotizado un mínimo de 35 años.

Con respecto a la cuantía de la pensión, desde enero del 2020 ésta deberá realizarse dividiendo entre 322 las bases de cotización durante los 276 meses previos al mes anterior a la jubilación. Unas cifras que varían con respecto al 2019, tras pasar los años computables de 22 a 23.

Ley 27/2011

El principal cambio que introdujo esta Ley fue aumentar de 65 a 67 años la edad de acceso a la jubilación. Un proceso gradual que comenzó a ponerse en práctica en el año 2013 y mediante el que se establece que, a partir del ejercicio del 2027, las personas deberán jubilarse a los 67 años. No obstante, se define que aquellos que quieran jubilarse a los 65 años y hayan contribuido a la Seguridad Social durante 38 años y medio puedan hacerlo.

La reforma, también introdujo cambios en cuanto a los periodos de cotización para el cálculo de las pensiones, estableciendo que éstos también debieran ir aumentando gradualmente cada año, pasando de los 16 años en 2013, a los 25 en 2022.

Ley 23/2013

La aprobación de la Ley introducía una serie de novedades entre las que, incluía dejar de revalorizar las pensiones anualmente en base al Índice de Precios al Consumo (IPC), y comenzar a hacerlo teniendo en cuenta los ingresos y gastos del Sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones contributivas. A su vez, se garantizaba una subida mínima anual del 0,25% (en los años de déficit de la Seguridad Social), y un incremento máximo del 0,5% superior al IPC del año anterior (en tiempos de mayor esplendor económico). Una fórmula que podría volver a verse afectada, tras el compromiso del actual Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien aboga por volver a tener en cuenta el IPC a la hora de revalorizar las pensiones. No obstante, debido a la incertidumbre política, los jubilados siguen sin saber con certeza si finalmente la medida se llevará a cabo a partir de enero del 2020.

En cuanto al Factor de Sostenibilidad, la Ley establecía que con el inicio del ejercicio del año 2019 se comenzara a poner en práctica este factor, cuya principal novedad consistía en relacionar las pensiones de jubilación teniendo en cuenta la esperanza de vida de la persona. De esta forma, se buscaba encontrar un equilibrio entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas. Una aplicación que, sin embargo, ha sido aplazada por el momento, hasta el año 2023.

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