Los colegios profesionales en el PNR 2017

Durante el último Consejo de Ministros del mes de abril se aprobaron tanto el Programa de Estabilidad para el periodo 2017-2020, como el Programa Nacional de Reformas 2017 (PNR). Ambos serían remitidos a la Comisión Europea.

El segundo de ellos, el PNR recoge las líneas prioritarias definidas por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura:
– el compromiso con la consolidación fiscal responsable y profundizar en las reformas estructurales necesarias para crecer,
– crear empleo y
– avanzar en la mejora de la competitividad de la economía española.

La reforma de los Colegios Profesionales, solicitada de forma insistente desde el ámbito europeo, no es expresamente una de las prioridades del gobierno español. Así lo confirmaba Redacción Médica en una noticia reciente «El Ministerio de Economía no tiene entre sus prioridades la reactivación de la Ley de Colegios Profesionales (…). Fuentes de Economía aseguran que aunque se trata de “una de las reformas pendientes, aún no tenemos calendario”, por lo que la esperada reforma no se espera a corto plazo».

No obstante, el PNR se refiere a la reforma de los colegios profesionales (pág. 136-137), que concreta en dos objetivos definitivos, por un lado la eliminación de barreras injustificadas en el sector de servicios profesionales y, por otro, el aseguramiento de la coherencia de los Estatutos de colegios profesionales con la normativa vigente.

Para alcanzar el primero de ellos se contempla, eliminar los obstáculos injustificados y desproporcionados al acceso y ejercicio de las actividades de servicios profesionales; reforzar la protección a los consumidores y de las obligaciones inherentes al servicios; y modernizar el marco jurídico de los colegios profesionales, aumentando su transparencia y mejorando su gobernanza. También se refiere el documento a eliminar las restricciones mediante nuevas disposiciones sobre cuotas colegiales y lugar de colegiación.

Respecto del segundo de ellos, se pretende adecuar el contenido de los Estatutos Generales a la normativa vigente a fin de contribuir a una mayor claridad normativa y a la seguridad jurídica.

Ambos aspectos se materializarían tanto en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales como en los Estatutos Generales, norma de autorregulación de las corporaciones de derecho público.

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