La Ley de colegios profesionales se guarda en el cajón

“Pese a la presión de la Unión Europea y la posibilidad de un procedimiento de infracción la reforma se paró y se retiró”, así trasladaba la situación del anteproyecto de Ley de servicios y colegios profesionales la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en un desayuno informativo organizado por la Fundación Caminos, think tank del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos celebrado en Toledo el pasado 14 de abril.

Esta información se suma a la apuntada a comienzos de febrero por el Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos, quien afirmaba que la ley se retrasaría sine die con el fin de que España se adecuase el paso de los procesos que se están llevando a cabo en Bruselas.

Precisa Cinco Días que las razones esgrimidas para justificar la retirada del anteproyecto se basan en las diferencias entre el Ejecutivo y Bruselas respecto de los colegios profesionales y que a pesar de las “enormes y constantes presiones de la Comisión Europea” para sacar adelante una nueva normativa que reduciría drásticamente las profesiones para las que se prevé la colegiación obligatoria e incorporaría mayores cuotas de liberalización de los servicios profesionales, el Gobierno está convencido del valor de los colegios profesionales.

Aunque la presidenta de Castilla-La Mancha afirmó que tanto el presidente Mariano Rajoy como ella misma son conscientes de la utilidad de los organismos de representación profesional, los colegios profesionales han de “revisar sus fines” para prestar servicio a toda la sociedad, no solo a sus afiliados, trasladando así a la sociedad “toda su pericia, su know how”.

La reciente decisión puede representar un desafío a Bruselas ya que la Ley de colegios profesionales es una materia que viene reclamando la Comisión Europea desde hace tiempo con el fin de liberalizar diferentes sectores y supuestamente mejorar la competitividad. De esta manera, la retirada anunciada por Cospedal podría suponer por un lado la satisfacción de los sectores que se veían más afectados por la medida pero al mismo tiempo la apertura de un procedimiento disciplinario de infracción para España.

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