La Fundación alternativas propone eliminar las mutualidades de los funcionarios

El derecho a la protección sanitaria, la descentralización y coordinación del sistema sanitario español, la gestión de centros, servicios y personal, las relaciones con proveedores y, sobre todo, la financiación y sostenibilidad económica actual. Se trata de los principales aspectos recorridos por 12 expertos en gestión y profesionalismo sanitario destacados en el estudio Análisis y Propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España, un estudio elaborado y presentado a finales de abril por el Laboratorio la Fundación Alternativas, lugar de encuentro para la reflexión política, social y cultural, cuya dirección y gran parte de los miembros del patronato pertenecen al PSOE.

Según Belén Barreiro, directora del Laboratorio se hace necesario abrir un debate y ofrecer propuestas tanto a los políticos como a los ciudadanos con el fin de implementar mejoras en el sistema sanitario, pues «la sanidad ha dejado de ser una de las razones de orgullo de los españoles para convertirse en uno de nuestros principales problemas». Por su parte, el coordinador del trabajo, Javier Rey, apunta que la sanidad pública en el sistema español ha de ser «un elemento esencial de cohesión social y territorial».

Entre las propuestas recogidas por el conclave de expertos se plantea mover los derechos a la protección y asistencia sanitaria recogidos en los artículos 41 y 43 de la Constitución Española ubicados en el capítulo III relativo a los «Principios rectores de la política social y económica» al Capítulo II del Título Primero, «De los derechos y deberes fundamentales»; redefinir la competencias del Estado y las Comunidades Autónomas; elaborar una nueva norma general sanitaria que revierta las limitaciones introducidas por el Decreto 16/2012 para garantizar la asistencia sanitaria de diferentes grupos de la población en atención a la ciudadanía española y constituir un órgano de coordinación y gobierno del Sistema Nacional del Salud (SNS), vinculado al Estado pero que funcione como agencia independiente, responsable de la definición de las prestaciones básicas, la gestión de los centros y la distribución de los fondos de financiación de las comunidades autónomas.

La nota resumen publicada por el Laboratorio recoge también entre las solicitudes demandadas por los expertos, un estudio sobre los efectos sanitarios y sociales de los copagos desde su implantación en 2012; un sistema de facturación automática de la asistencia sanitaria prestada a los ciudadanos de comunidad distinta a la de residencia habitual; la reducción de la influencia de las industrias farmacéuticas; combatir la privatización de la sanidad; la creación de un observatorio permanente del grado de suficiencia financiera del sistema sanitario en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera y eliminar las mutualidades de los funcionarios.

Un sistema único que eliminaría las mutualidades de los funcionarios

El estudio propone integrar todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único, lo que conllevaría la eliminación de las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas). Su justificación se basa en el desarrollo desigual de la protección sanitaria que se ha venido produciendo cuya contrapartida sería la promoción de un sistema único basado en la condición de ciudadanía española. Se pide así la creación de un documento único emitido por el Ministerio de Sanidad que acredite el derecho a asistencia sanitaria en igualdad de condiciones en todo el territorio español (volviendo a una regulación sobre protección sanitaria en términos semejantes a los previstos en el artículo 12 de la ley orgánica 4/2000).

Así se refiere textualmente el estudio al aspecto citado:

«Integrar en un plazo fijado todos los sistemas públicos de protección sanitaria en un sistema único basado en la condición de ciudadanía española, suprimiendo a los efectos sanitarios las Mutualidades de Funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) y los sistemas de protección que existen para grupos otros profesionales específicos. La integración debe conllevar el traspaso de los fondos públicos con los que se mantienen esos sistemas a un fondo único de financiación sanitaria general».

El estudio supone en definitiva, como afirman sus ponentes, una radiografía más detallada del sistema sanitario español, con sus luces y sus sombras, y presta especial atención a los problemas derivados de la crisis sugiriendo un contrafuerte de soluciones entre las que destacan entre otros, una mayor capacidad de gestión para el Ministerio de Sanidad, limitación de la influencia de la industria farmacéutica, prevención de la privatización y la eliminación de las mutualidades de los funcionarios.

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