La función pública cada vez más envejecida

La función pública envejece a un ritmo mayor que el sector privado. Más de un millón funcionarios supera los 50 años y 600.000, los 55 años. El impacto se aprecia de manera significativa en el aumento de las pensiones ya que el número de pensiones abonadas en el sistema de clases pasivas crece a un ritmo anual del 7% mientras que el número de pensiones de la Seguridad Social aumenta a un ritmo del 2,1%.

El pasado año se registró un incremento en algo más de de 55.000 jubilaciones civiles acogidas al régimen de Clases Pasivas a la legislación posterior a 1985 mientras que el régimen adscrito a la seguridad Social representa tan solo un tercio del crecimiento de esta última.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), seis de cada diez empleados públicos supera los 50 años, siendo casi 600.000 funcionarios públicos los que tienen más de 55 años, una situación que evidencia que la función pública envejece a un ritmo mucho mayor que el sector privado.

Ello se debe en gran medida a la falta de reposición de funcionarios a través de la oferta de empleo público, impidiendo el reemplazo de aquellos que se jubilan por nueva savia. Además, han aumentado el número de jubilaciones de funcionarios sin prolongar sus años de servicio ante el temor a que cualquier reforma normativa futura pudiera contravenir sus intereses. A ello hay que sumar la desconfianza generada por los recortes salariales o el desánimo profesional en muchos casos.

Si la EPA nos indicaba que seis de cada diez empleados públicos supera los 50 años, la imagen que nos ofrecen los últimos datos del Boletín de personal al servicio de las Administraciones Públicas, no es menos alarmante. Este, que se nutre de los datos que aportan las administraciones y que coordina el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, detalla las edades de los 208.000 funcionarios españoles que trabajan en ministerios. Superan la cincuentena más de 113.000, lo que representa más del 54%.

Al parecer el Ejecutivo ahorra unos 200 millones anuales de euros al no sustituir a los empleados públicos que se jubilan. Desde el año 2009, la Administración General del Estado ha perdido ya más de 30.000 puestos de trabajo por no cubrir las bajas.

Fuente: El Confidencial (21 mayo 2014)

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