La Defensora del Pueblo inicia un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Asociación de afectados por los Recortes, acudían el pasado 24 de febrero a Concepció Ferré i Casals, Defensora del Pueblo adjunta, para ponerle en conocimiento de la situación por la que están pasando funcionarios, militares y policías como consecuencia de los recortes en las prestaciones sanitarias de las mutuas Muface e Isfas.

La Oficina de la Defensora del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia ante las quejas que reciba en este sentido, con el fin de garantizar la continuidad asistencial de pacientes con enfermedades graves quienes han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas.

Según los testimonios de los afectados recogidos por CSIF en el escrito entregado a la Defensora del Pueblo, los recortes de las prestaciones sanitarias que sufren más de millón y medio de mutualistas (entre funcionarios y sus familiares), han generado una serie de situaciones de indefensión y dolor para el colectivo, entre las que cabe destacar: la falta de información ante los cambios en la asistencia sanitaria, el “peregrinaje” burocrático al que algunos se han visto avocados, los retrasos en tratamientos y pruebas diagnósticas, la disgregación de los tratamientos integrales que requieren los pacientes así como la imposibilidad de optar por un cambio de tratamiento al Régimen General de la Seguridad Social, cuyo plazo finalizaba el 31 de enero del 2015.

La nota informativa sobre la asistencia sanitaria de Muface publicada el pasado 10 de febrero, se refiere al principio de “continuidad asistencial” a través del cual, a los mutualistas se les garantizan determinados tratamientos “con cargo a la entidad de adscripción del mutualista, durante 6 meses en caso de enfermedades graves y de hasta un año (que es el periodo de duración del Concierto 2015) para el caso de enfermos oncológicos y psiquiátricos”. Sin embargo, apunta CSIF en la nota dirigida a la Defensora del Pueblo que “los pacientes se han encontrado con que el centro hospitalario que les estaba tratando, de un día para otro, ya no les puede atender como consecuencia de los citados recortes económicos”.

Las organizaciones sindicales han apuntado que para facilitar la gestión de las quejas de los ciudadanos afectados por la situación tramitarán un modelo de queja individual.

Más información: ¿Qué está pasando con las prestaciones sanitarias de los funcionarios?

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