La Administración Pública centra su partida presupuestaria en reinventarse

Modernizar la Administración Pública se ha convertido en uno de los objetivos más perseguidos a corto plazo por la actual cúpula del Gobierno. Así lo reiteraba la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, durante la presentación de los Presupuestos del citado Ministerio para el próximo ejercicio, en un encuentro telemático celebrado el 5 de noviembre. En su intervención, Darias enfatizaba en el compromiso del Ejecutivo por adecuar los servicios públicos a los retos derivados de la actual coyuntura y convertir a la Administración en palanca de cambio y ejemplo de digitalización. En concreto, la ministra recordaba que tal cuestión habría supuesto una inversión inicial de 600 millones de euros, integrados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hoja de ruta para la reconstrucción del país, y mediante el que se pretende impulsar el conocido como Plan de Modernización de las Administraciones Públicas.

Con respecto a los Presupuestos que guiarán durante el próximo ejercicio su departamento, cifrados en 2.509,08 millones de euros (suponiendo un incremento del 15,57% en base al año anterior), cuantía en la que se incluyen a los organismos autónomos adscritos (la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado o MUFACE y el Instituto Nacional de Administración Pública o INAP), así como a la Autoridad Administrativa Independiente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), estos destinarían parte de su totalidad a, por un lado, impulsar la modernización de las administraciones y simultáneamente lograr la colaboración entre las mismas. En el caso de referirnos exclusivamente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la partida se situaría en los 619,23 millones de euros, habiendo experimentado un crecimiento del 74,02% en relación con 2020.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, de los que Darias resaltaba su gran compromiso social, habiéndose destinado a tal fin la mayor partida presupuestaria de la historia, traducida en 239. 765 millones de euros, “buscan superar la crisis sanitaria, robustecer el Estado de bienestar, promover la iniciativa pública e invertir para avanzar”, apuntaba la ministra.

Principales áreas de inversión

Entre los principales campos en los que se habría visto reflejado dicho incremento presupuestario se encuentran los conocidos como gastos de personal, viéndose aumentados en 13,39 millones de euros e incluyendo, a su vez, la subida retributiva del 0,9% aprobada para el personal público. En relación con esta cuestión, en las últimas semanas diferentes asociaciones de carácter militar, como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) o la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (AFASPRO) manifestaban cierta disconformidad con la subida salarial aplicada a sus profesionales, ya que, si bien en los PGE se cifraría el crecimiento de las retribuciones de este colectivo en 175 millones de euros, desde dichas asociaciones alegan que tal cantidad incorporaría ese incremento del 0,9%, anteriormente señalado, aplicado a los sueldos de los funcionarios públicos. La discordancia con tal asunto estaría enmarcada en la equiparación salarial que desde hace años el personal de las Fuerzas Armadas viene reclamando y que considerarían no haberse visto cumplida con tal subida.

Parte del alza presupuestaria se vería reflejada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se integran aquellos gastos corrientes relativos a bienes y servicios de carácter central, estatal o departamental, así como las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales. En cuanto al Plan de Modernización de las Administraciones Públicas, también incluido en este proyecto de recuperación del país, el mutualismo adquiere un papel importante, habiéndose incrementado la partida concerniente a MUFACE en 72 millones de euros, a fin de ofrecer una mejora de los servicios prestados a sus mutualistas. En lo relativo a la formación de los funcionarios, clave del desarrollo del sector, esta se incluye en los 10,36 millones destinados al INAP.

De esta manera, la Función Pública no solo invierte en plataformas y medios materiales mediante los que poder garantizar la modernización del modelo público y mejorar la atención ciudadana, sino que, de forma simultánea, centra sus esfuerzos en el capital humano, familiarizando a su plantilla con la tecnología y adoptando políticas que confluyan con la cultura de Gobierno Abierto y Gobernanza Pública, motor indispensable de cualquier sociedad avanzada.

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