Jubilación de los funcionarios… cada vez más a los 70

Una sentencia reciente del Tribunal Supremo arroja luz sobre las discrecionalidad existente ante los pronunciamiento de la Administración respecto de la posibilidad de alargar el ejercicio activo hasta la edad de 70 años por parte de los funcionarios que lo soliciten. Ello aclara la situación en la que se encontraban los funcionarios desde que entrara en vigor el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La citada sentencia del Tribunal Supremo 4607/2016, de 4 de noviembre, sostiene, que los funcionarios que así lo deseen podrían alargar su actividad hasta los 70 años. Para ello deberán cumplir los requisitos que consisten en tener cumplidos los 65 años de edad y solicitar alargar la vida laboral con al menos dos meses de antelación a la jubilación ordinaria. Recoge la sentencia que la Administración, para la concesión o no de la prórroga solicitada por el funcionario, ha de fundarse en razones motivadas, tal y como viene recogido en el artículo 67.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, de aplicación en el supuesto.

La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

Recoge la sentencia que, una vez solicitada la prolongación del ejercicio activo, “la Administración competente tiene facultad para apreciar las causas que concurren en cada caso concreto, y conforme a ellas, aceptar o denegar la prolongación; (…) si bien, para que no exista arbitrariedad en la decisión, la Administración deberá justificar adecuadamente su actuación”. Por tanto, la justificación de la aceptación o denegación de la prolongación de la vida activa del funcionario no deberá referirse a cualquier motivo, sino que “los criterios para la concesión o no de la prórroga, dentro de esa amplia discrecionalidad del legislador para fijarlos, han de ser objetivos y aplicables a todos los funcionarios afectados, sin que pueda utilizarse para denegar la prorroga un criterio subjetivo”-

Es por ello que el “cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos”, respondería a “criterios objetivos y aplicables a todos los funcionarios afectados”, según apunta el Tribunal Supremo en el fundamento de derecho tercero.

Por otro lado, conocíamos a comienzos junio el pronunciamiento del Tribunal Supremo, en sentencia 2526/2015, que en contra de lo señalado por la Administración y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, permitía a un funcionario de la Hacienda autonómica próximo a cumplir los 65 años, a continuar trabajando hasta la edad de 70 años, alegando para ello razones de “evolución demográfica” y “progresivo aumento de la esperanza de vida”. Así, la Sala se refiere en el fundamento de derecho séptimo, a las conclusiones de un informe del Consejo Económico y Social Canario, encargado en 2012, en el que se apunta que “las proyecciones conocidas sobre la evolución demográfica y el progresivo aumento de la esperanza de vida, con especial intensidad en quienes cumplen 65 años están transformando la estructura de la pirámide de población. Ante esta nueva realidad demográfica, y con el objetivo de mantener la tasa de dependencia que garantice la sostenibilidad del sistema, es necesario, en principio, apostar por la prolongación de la vida laboral, aspecto éste que requiere, y en relación a determinados recursos estratégicos, optimizar al máximo los recursos humanos, con altísimos costes de formación y, justamente en período de crisis, con enormes dificultades para su reposición”.

La tendencia parece ser alargar la vida laboral, es una de las claves apuntadas desde la Comisión Europea para disponer de una pensión digna, y es esta una línea que defienden ya varios partidos políticos en sus programas electorales, cuando se refieren al futuro de las pensiones. La invitación general es a prolongar voluntariamente la vida activa.

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