Hacia la digitalización de la Administración Pública

Coincidiendo con el inicio del Plan Estratégico de Transformación digital (2015-2020) de la Administración General del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OO.PP), el BOE recogía a finales de ese mismo año, las Leyes 39/2015 y 40/2015, por las que se lograba sentar las bases para la implantación de la tramitación electrónica en la Administración Pública. En este sentido, ambas normativas centraban sus objetivos en la mejora de los procedimientos administrativos en beneficio de los ciudadanos y de la AGE en su conjunto, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Cinco años más tarde, y en mitad del escenario dibujado por la pandemia del COVID-19, la digitalización de las Administraciones Públicas se hacía más necesaria que nunca, especialmente tras la decisión del Ejecutivo de proceder a la declaración del estado de alarma, que actualmente ya pasaría por su quinta prórroga. Si bien es cierto, que el camino hacia la reconversión digital había sido ya iniciado en 2015, la crisis acontecida a consecuencia de la epidemia no ha hecho más que acelerar un proceso arduo y hasta entonces muy heterogéneo, que ha conseguido que hasta las entidades que parecían estar menos preparadas para dicha transformación, hayan adaptado sus servicios en tiempo récord. Aunque todavía es demasiado pronto para realizar un análisis en profundidad de cómo ha sido la respuesta de dichos organismos a esta situación, un reciente estudio publicado por la fundación FEDEA sitúa en un 50% el porcentaje de ocupados de la Administración Pública que, actualmente tendrían capacidad para teletrabajar. Una cifra, que descendería hasta el 32,5% si se toma como referencia el número total de ocupados en el mercado laboral español. Teniendo en cuenta que, según los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA), relativos a 2019, tan solo un 4,8% de los trabajadores en España recurría al teletrabajo de manera habitual, la necesidad de hacer uso de las TIC para dar continuidad a la actividad podría cambiar notablemente estas cifras de cara al futuro.

Respuesta de la Administración Pública

La celeridad con la que el sector público (al igual que el privado) ha tenido que adaptar sus servicios a esta nueva coyuntura, no solo ha supuesto un reto para las instituciones públicas y sus funcionarios, sino también para el propio ciudadano, quien en cuestión de días ha tenido que lidiar con aprender a realizar determinados trámites vía online. Es por ello, por lo que recientemente, la Seguridad Social anunciaba la puesta en marcha en su página web de un asistente virtual, mediante el que poder reforzar la ayuda prestada al usuario, ante la paralización de la atención presencial.

Pese a la capacidad del sistema para dar respuesta a una situación como la actual, gracias en parte a la labor de sus empleados públicos, cuyo trabajo se ha visto reflejado en la persistencia de determinados servicios esenciales al ciudadano, como pudiera ser el pago de las pensiones públicas, muchos coinciden en que la falta de previsión ha evidenciado ciertas desigualdades entre unos organismos y otros. “Si nos fijamos en los empleados públicos la respuesta ha sido ejemplar, si miramos a las instituciones públicas esta ha sido desigual, pero una respuesta la mejor posible”, apuntaba Andrés Pastor Bermúdez, Gerente Adjunto en Gerencia de Informática de la Seguridad Social, durante su intervención en la webinar organizada por Wolters Kluwer “La Administración en la era post-Covid: una propuesta de futuro.” Una postura que era secundada, aunque de manera más crítica, por Rafael Jiménez Asensio, Formador y Consultor en el ámbito del sector público, quien a su vez incidía en que la transformación digital solo podrá ser efectiva cuando logre combinarse bien “una buena política” y una “buena organización”. Para Jiménez, uno de los principales errores reside en no haber incluido la reforma de la Administración en la Agenda Política.

La moderadora del encuentro y Doctora en Derecho de Secretaría de Administración Local y Codirectora Red Localis, Concepción Campos, se sumaba a los suscrito por los ponentes, alegando que a pesar de los esfuerzos de los administradores públicos la crisis ha provocado que se hayan “visto las miserias de las instituciones tras someternos a esta prueba de estrés”.

Por su parte, Raúl Oliván, Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social Frenalacurva.net, señalaba que “estamos en un proceso de transición digital y transformación de cultura organizacional”, que se verá reflejado en “una Administración en red, abierta, colaborativa”.

Sin embargo, el reto no solo se encontraría únicamente en la digitalización del sistema, también es importante invertir en la formación de los propios trabajadores. De esta manera, los funcionarios no solo deberían contar con un conocimiento específico que les ayude a realizar determinados trámites, sino que, a su vez, sería interesante que los organismos invirtieran en formar a sus trabajadores desde una perspectiva centrada en el acompañamiento del usuario a lo largo del proceso (teniendo en cuenta que no todos los ciudadanos poseen las mismas competencias digitales). Un tema, que el experto en transformación digital en el ámbito de la Administración Pública, Sergio Jiménez, aborda en el X Boletín de “Expertos en Pensiones”.

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