Grupo Senda aborda el Plan de Choque de la Dependencia

Viernes 09 de abril del 2021

El sector de la dependencia lleva años afrontando una serie de problemas endémicos que repercuten negativamente en la calidad del servicio de quienes lo perciben, así como en las condiciones de los trabajadores que lo prestan. La pandemia ha puesto de manifiesto muchas de las deficiencias que permanecían latentes en nuestros sistemas, haciéndonos reflexionar sobre la efectividad de los modelos planteados hasta el momento. En el ámbito de los cuidados, el pasado mes de enero la Secretaría de Estado de Derechos Sociales aprobaba el Plan de Choque de la Dependencia 2021-2023 enmarcado en el Diálogo Social y Territorial, fruto del acuerdo con patronales, sindicatos y comunidades autónomas. Un acuerdo que, para la presidenta del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, “marca un hito en el sector de atención a la dependencia”, según apuntaba durante la presentación del V Balance Virtual celebrado el 7 de abril y dedicado a desgranar las principales líneas sobre las que sustenta el Plan.

La jornada contó con la participación del secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, el director general del Imserso, Luis Barriga, así como representantes de las patronales (CEOE, AESTE, ASADE, CEAPS, FED y LARES) y de los sindicatos (UGT y CCOO), quienes destacaron los ámbitos de actuación en los que se pretende trabajar durante los próximos años, de cara a la plena implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los servicios de sus beneficiarios y dignificar la profesión de los cuidados serían los tres objetivos fundamentales a los que el Plan buscaría dar respuesta. La falta de agilidad de la propia Ley de la Dependencia ocasiona que los solicitantes vean pasar una media de 430 días desde que deciden iniciar el proceso hasta que les es reconocido acceder al SAAD. La dilatación en la tramitación de los expedientes lleva a muchas personas a permanecer en el limbo de la dependencia, tal y como denunciaba durante su intervención la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual. En lo que respecta a esta cuestión, el secretario de Estado de Derechos Sociales recodaba como “actualmente hay 230.000 personas con prestación reconocida que no puede acceder al Sistema. Se trata de un problema estructural y el Plan de Choque en Dependencia lo fija como un objetivo principal a resolver”.

Situar las necesidades de las personas en el centro del Sistema se plantea como uno de los retos más destacables a la hora de reforzar la atención y servicios ofrecidos por el SAAD, implicando contar con modelos más flexibles que permitan adaptarse a unas necesidades cambiantes. Por ello, el Plan se compromete a la mejora de los sistemas de teleasistencia avanzada, que pretende ser un derecho subjetivo 2022 y que, entre otras cuestiones, facilitará a muchas personas poder envejecer en sus casas. Un hecho al que también se adhiere la regulación del asistente personal que, a su vez, permitirá llevar a cabo una profesionalización del sector de los cuidados, a fin de acabar con la precariedad que sigue encontrándose entre los profesionales de este ámbito. “No vamos a tener un sistema de calidad, si no cuidamos a las personas que están cuidando”, apuntaba Luis Barriga.

Una reestructuración acorde la inversión realizada

El incremento de la financiación llevada a cabo por parte de la Administración General del Estado, gracias principalmente a los fondos europeos, supone una inversión de 3.600 millones de euros a repartir durante el próximo trienio y que solo en este año supondrá una inyección de más de 2.000 millones de euros al sistema. Sin embargo, para el director general del Imserso es importante que se lleve a cabo una adecuación en la adopción de medidas acorde con dicho incremento en la financiación, a fin de evitar “desarrollar medidas que puedan generar frustración al no poder ser desarrolladas.”


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