Europa reconoce que ley española no es discriminatoria

Según recoge el comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de abril, la Ley española que regula el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente es conforme con el Derecho de la Unión, no constituye, por tanto, una discriminación por razón de sexo.

En el pasado mes de octubre nos referíamos a las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU), Yves Bot, en el asunto C-527/13, en relación a la disposición normativa española que recoge la fórmula para el cálculo de las pensiones de incapacidad, la cual podría vulnerar el derecho comunitario por discriminación indirecta por sexo.

En aquella ocasión el Abogado General Yves Bot apuntaba que la disposición española “causa una desventaja a los trabajadores que hayan ejercido una actividad a tiempo parcial durante el período inmediatamente anterior a una interrupción del abono de sus cotizaciones al régimen de seguridad social”, provocando así, una discriminación indirecta por sexo. No porque la aplicación del precepto normativo español para el cálculo referido fuera diferente en función del sexo del trabajador, sino porque “puede perjudicar a un número mucho mayor de mujeres que de hombres, ya que el porcentaje de trabajadoras a tiempo parcial es mucho mayor que el de trabajadores del mismo colectivo”.

No obstante, mediante sentencia de 14 de abril, el TJUE concluye que la Ley española no puede calificarse de medida discriminatoria, ni directamente ya que la ley se aplica indistintamente a los trabajadores y trabajadoras, ni indirectamente, ya que la ley no perjudica principalmente a una categoría determinada de trabajadores.

Según destaca el comunicado, “la ley española no se aplica a todos los trabajadores a tiempo parcial, sino únicamente a aquellos cuyas cotizaciones se han visto interrumpidas durante el periodo de referencia de ocho años anterior a la fecha en la que se produjo el hecho generador de la invalidez, cuando dicha interrupción es inmediatamente posterior a un empleo a tiempo parcial”. Resalta asimismo el comunicado que los datos estadísticos apuntados relativos al colectivo de trabajadores (significativamente mayor en trabajadoras -80 % en 2010 y 73 % en 2013-), no son pertinentes para demostrar que la ley española afecta a un número mucho mayor de mujeres que de hombres.

El Tribunal de Justicia añade finalmente que “habida cuenta del carácter aleatorio de las repercusiones de la Ley española sobre los trabajadores a tiempo parcial, dicha ley puede considerarse un obstáculo jurídico que limite las posibilidades de trabajar a tiempo parcial” .

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