EL TC legitima el decreto que suspendió en 2012 la actualización de las pensiones

En marzo del 2013 el Tribunal Constitucional (TC) admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad 1114-2013, contra el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, ante la no revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC) en 2012.

Debido al contenido recogido por el artículo segundo de la citada norma se dejó sin efecto, en el ejercicio 2012, la actualización de las pensiones conforme al (IPC) vulnerando supuestamente, el principio de irretroactividad consagrado en el art. 9.3 de la Constitución Española (CE).

El Gobierno, apuntó en aquella ocasión que se veía obligado a dejar sin efecto la actualización de las pensiones en 2012 y a suspender su revalorización para 2013 conforme al dato del IPC, en un contexto en el que recordaba la obligación de cumplimiento con el objetivo del déficit y la necesidad de hacer uso del fondo de reserva de la Seguridad Social.

¿Tienen derecho los pensionistas a percibir una compensación ante la falta de actualización de las pensiones en función del incremento real del IPC? El TC se pronunció en sentencia el pasado 5 de marzo desestimando el recurso de inconstitucionalidad. En esta rechaza que la norma cuestionada haya incurrido en un supuesto de retroactividad prohibido por el art. 9.3 CE.

Apunta el Pleno del constitucional en la sentencia que “los pensionistas solo tenían una mera expectativa a recibir la diferencia entre el IPC real y el IPC previsto, expectativa que debiendo ser concretada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio, para el año 2012 quedó sin efecto por haberse suspendido con anterioridad a su consolidación”.

Por tanto, no se incurre en un supuesto de retroactividad ya que no existía una relación consagrada al patrimonio del pensionista, sino una mera expectativa.

Así, el fallo del TC desestima el recurso de inconstitucional interpuesto por 146 Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida (IU), Iniciativa per Cataluña Verds-Esquerra Unida y Alternativa (ICV-EUIA), Chunta Aragonesista (CHA), La Izquierda Plural, Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Convergencia i Unió (CiU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), contra el art. 2.1 del Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social.

Por otro lado, los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Luis Ortega formularon un voto particular discrepante al que adhirieron la vicepresidenta, Adela Asua, y el Magistrado Juan Antonio Xiol. Según apunta la nota de presa publicada por la oficina de prensa del TC, los magistrados consideran que debió declararse la inconstitucionalidad del precepto impugnado por vulneración del principio de irretroactividad de las normas. En su opinión, la “expectativa” a ver actualizada la pensión se convierte en un “derecho adquirido” en el momento en el que se cumple la condición que la ley establece para que se actualicen las pensiones: cuando el IPC real es superior al IPC previsto. En este sentido concluyen, el TC “debió declarar inconstitucional y nulo el art. 2.1 del Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de Seguridad Social por vulneración del art. 9.3 CE”

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