El Pacto de Toledo vuelve a retomar sus trabajos un año después

El 20 de febrero del 2019, la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, la diputada del Partido Popular, Celia Villalobos, anunciaba la imposibilidad de presentar ante el Parlamento las recomendaciones que, orientarían la reforma del sistema de pensiones y de la Seguridad Social, debido a la falta de consenso entre los miembros. La ruptura de las negociaciones ponía fin a casi tres años de trabajo, dejando todo paralizado hasta la próxima legislatura. Hoy, casi un año más tarde, el Pacto de Toledo vuelve a ver la luz, gracias al reciente nombramiento de la exministra socialista de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, como nueva presidenta de la Comisión.

Durante su intervención en el Congreso, Valerio, manifestaba la intención de seguir trabajando sobre el anterior borrador, en vez de proceder a la elaboración de un nuevo documento, a fin de aprovechar lo conseguido durante las anteriores legislaturas. En concreto, se retomarían las veintiún recomendaciones pactadas por los anteriores integrantes de la Comisión, entre los que también se encontraba la actual presidenta.

A pesar del carácter no legislativo de este comité parlamentario, su importancia reside en conseguir presentar ante el Parlamento, unas líneas de actuación sólidas sobre las que poder erigir la futura reforma del sistema de la Seguridad Social. El principal cometido de los diputados que integran esta Comisión es, por tanto, ofrecer soluciones que garanticen la sostenibilidad del modelo público de pensiones, a través del diálogo y la reflexión, sin anteponer la ideología política a ello.

¿Cuáles son las recomendaciones que se contemplan?

Muchas de las recomendaciones planteadas por la Comisión, están fundamentadas en los informes elaboradas por la Autoridad de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presidida hasta hace apenas unos meses por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y de la que el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, también formó parte. Conseguir eliminar el déficit que lleva afectando desde hace años a la Seguridad Social, es sin duda, uno de los principales objetivos de Escrivá.

En cuanto a lo abordado a través de estas veintiún recomendaciones, en las que se espera que la Comisión siga trabajando, encontramos cuestiones como la referida a la revalorización de las pensiones en base al IPC real. Una medida regulada desde este enero por el Real Decreto-ley 1/2020, y que demanda a la Comisión, la necesidad de abordar cuál será el futuro que deberá seguir la Ley relativa al factor de sostenibilidad y al índice de revalorización, aprobada por Mariano Rajoy en el año 2013, y todavía en vigor.

Entre las recomendaciones, también se aborda la problemática de las pensiones de viudedad, estudiando la posibilidad de que éstas mejoren para los mayores de 65 años, y se realice una prueba de rentas para el resto de los casos, a fin de estudiar la situación de cada persona. La adaptación de la edad real de jubilación a la legal, así como la redistribución de los porcentajes de las cotizaciones sociales, que se caracterizaría por el aumento de la cuantía destinada al sistema de pensiones y la reducción de lo ingresado al Servicio Público de Empleo (SEPE), son algunas de las demás cuestiones que integran estas veintiún reflexiones.

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