El Pacto de Toledo, un camino de consenso para las pensiones

El I Boletín Digital, “Expertos en pensiones”, de carácter cuatrimestral y elaborado por el Consejo de Habilitados, recogía un artículo en la sección `Profundidad´ destinado a plantear el origen del Pacto de Toledo, su evolución, y singularmente algunas de las medidas expuestas por los diferentes expertos invitados a participar desde finales del pasado septiembre cuando dio comienzo la XII legislatura en la que se constituyó la Comisión permanente no legislativa sobre el seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, y hasta la fecha.

En los último meses hemos conocido diferentes propuestas, unas contrapuestas y otras complementarias, pero en su conjunto enriquecedoras por aportar una visión amplia del panorama nacional, identificando las necesidades desde diversos ángulos: social, político, jurídico, económico o estratégico.
Encontramos propuesta procedentes de profesores y catedráticos de Universidad, del Banco de España, de la empresa a través de la CEOE o Cepyme. También de Comisiones Obreras o la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), de los representantes de los seguros aglutinados en la Asociación empresarial del seguro (Unespa) o los representantes del ahorro privado, a través de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Hemos tenido oportunidad de conocer la opinión de profesionales de la demografía, de colegios profesionales o Mutuas, entre otros.

Continua siendo un elemento de alarma, la evolución del Fondo de reserva que a finales del presente año, quedaría vacio. La Ley reguladora del Fondo de reserva o Hucha de las Pensiones de la Seguridad Social es la Ley 28/2003, de 29 de septiembre. Sus activos se destinan, en principio, en un límite anual del 3% y con carácter exclusivo, a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.
En este sentido, el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, apuntó durante su comparecencia en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del pacto de Toledo del pasado 5 de abril, como opción elegida e incorporada al proyecto de presupuestos para atender las necesidades financieras del sistema de Seguridad Social en este año, 2017, y en 2018 la elevación del umbral de disposición del Fondo de reserva, establecido legalmente en el 3% como ya se hiciera durante los dos años previos de forma excepcional.

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