El estado de alarma obliga a adoptar nuevas medidas para proteger a mayores y dependientes

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba al brote del coronavirus COVID-19 como pandemia global, tras la rápida propagación del virus, que por aquel entonces ya estaba presente en al menos 114 países. Durante su comparecencia, el presidente de la OMS, Tedros Ghebreyesus, llamaba a los países a implantar medidas orientadas a frenar la expansión del virus y conseguir así evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Tres días más tarde, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaraba el estado de alarma en nuestro país, mediante el Real Decreto 463/2020. Desde ese momento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzaba a publicar diferentes normativas relativas a esa declaración, entre las que se encontraba la actualización del estado de alarma, recogida en el Real Decreto 465/2020. Con respecto al resto de medidas adoptadas durante los últimos días, muchas de ellas han estado orientadas a paliar los efectos de la crisis del coronavirus en colectivos como las personas mayores, los dependientes o los funcionarios.

Exención temporal de visados para los mutualistas

A consecuencia del confinamiento de la población tras decretarse el estado de alarma, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, aprobaba la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se exime a los funcionarios adscritos al régimen de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) o de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), de sellar el visado de recetas de determinados medicamentos que, por sus características precisan de este tipo de autorización previa a su obtención. La norma, de carácter temporal (vigente durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas), permite a los mutualistas adquirir dichos medicamentos en las farmacias, sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas de las mutualidades o a los despachos de los Habilitados de Clases Pasivas.

En cuanto a los funcionarios ligados al sistema de salud privado, la medida habilita a las mutualidades para que éstas puedan seguir garantizando el correcto acceso “a tratamientos con aquellos medicamentos sin cupón-precinto y que son dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales privados concertados”, aplicando los cargos correspondientes a la respectiva mutualidad.

Actuación de los centros de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis

La vulnerabilidad de las personas mayores frente al coronavirus, junto al elevado número de afectados que empezaron a registrarse en algunas residencias del país, convirtió a los centros de servicios sociosanitarios, así como a los de carácter residencial en focos muy sensibles a la propagación del virus. Como respuesta ante tal situación, el 21 de marzo, Salvado Illa aprobaba la Orden SND/265/2020, mediante la que se establecían una serie de medidas organizativas orientadas a garantizar la correcta asistencia sanitaria a enfermos de COVID-19. Entre lo recogido por la Orden Ministerial, se establece el aislamiento de los residentes en cuatro grupos, según los síntomas que presentasen, se pedía a los trabajadores que tuvieran asignado un único grupo al que atender, y se exigía a los centros intensificar las medidas de limpieza.

Con el fin de seguir garantizando la protección de los más vulnerables, el BOE publicaba hace apenas un par de días la Orden SND/275/2020. Dicha norma, expone que los centros anteriormente señalados deben seguir prestando sus servicios con normalidad durante el estado de alarma, a excepción de que la autoridad competente de cada comunidad autónoma determine lo contrario. Los centros quedan a su vez sujetos a posibles intervenciones por parte de la autoridad competente, así como a ser inspeccionados por los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente.

Reacción del Gobierno ante el colapso del sector de la dependencia

La crisis del coronavirus ha provocado que el sector de la dependencia se haya visto al borde del colapso, debido a la alta demanda de cuidadores. Es por ello, por lo que desde el Gobierno han decidido responder ante la situación, permitiendo que cuidadores sin titulación puedan asistir a personas dependientes. La medida, elaborada a partir de un acuerdo del año 2008, era publicada en el BOE el 25 de marzo, entrando en vigor ese mismo día por un periodo inicial de tres meses (prorrogables).

La medida adoptada pretende actuar con urgencia ante la pandemia, flexibilizando la “acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19.”

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