El Defensor del Pueblo insta a suplir las carencias detectadas en las residencias de mayores

Antes de la llegada de la COVID-19, la escasez de personal y de medios en los centros residenciales y sociosanitarios de mayores ya era cuestionada. Así lo recogía el Informe Anual del Defensor del Pueblo del año 2018, analizado en la VIII edición de “Expertos en Pensiones”, en el que se exponía como tanto residentes, familiares y hasta los propios profesionales demandaban la necesidad de reforzar un sector en continuo crecimiento, como garante de una atención asistencial de calidad. Lejos de ser solventado, el último informe relativo a 2019, publicado recientemente, ha vuelto a constatar cómo durante el pasado año continuaron persistiendo dichas carencias, ahora más visibles que nunca tras la crisis de salud pública, social y económica emanada por la COVID-19.

Siguiendo con el análisis iniciado en el año 2018 sobre los centros residenciales tanto de carácter público, como privado, el documento incluye una “separata sobre la atención a personas mayores” en la que se comparten las principales conclusiones extraídas durante el 2019. Así pues, el actual Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, vuelve a señalar en esta edición, la dispersión normativa entre Comunidades Autónomas como una de las principales deficiencias del sistema, haciendo un llamamiento a las autoridades competentes a proceder a su revisión y actualización. Una cuestión, que se ha visto especialmente reflejada durante la actual pandemia, a través de los diferentes protocolos adoptados por las Comunidades Autónomas y su dificultad para ser integrados por otras.

Con respecto a los profesionales de los centros, desde la institución inciden en la urgencia de llevar a cabo una revisión en profundidad de las ratios de personal, considerándolas “manifiestamente desfasadas”, debido al cada vez mayor número de personas dependientes y, por consiguiente, de residentes, a consecuencia del aumento de la esperanza de vida, entre otros factores. Para ello, las Comunidades Autónomas, en su mayoría, coinciden en que dicha remodelación sea realizada en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En este sentido, Fernández Marugán pone en valor la formación continua de los profesionales, de tal manera que pueda verse traducida en una mejora de la calidad asistencial y un cumplimiento de los derechos de las personas mayores. Para comprobar que se cumplen con los estándares normativos y de calidad en los centros residenciales, el informe plantea a las Comunidades seguir reforzando los servicios de inspección a través de planes periódicos que cuenten “con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas.” Asimismo, destaca la aprobación por parte de Cantabria y la Región de Murcia del primer plan de inspección de centros y servicios sociales en 2019.

Mejora de la atención sanitaria y de los derechos de los residentes

A lo largo de los últimos años, la institución ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de aprobar una ley orgánica que esclarezca, y al mismo tiempo regule, aquellos casos excepcionales en los que debido al deterioro cognitivo y físico de la persona se deba proceder a la limitación “al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales”. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto que las prácticas de sujeción física sean llevadas a cabo en situaciones excepcionales, siempre y cuando “no existan, o se hayan agotado, todas las medidas alternativas” y siendo imprescindible informar que se está llevando a cabo dicha acción

En lo relativo a la atención sanitaria y debido a su carácter general en estos centros, el Defensor del Pueblo llama a las autoridades a valorar la posibilidad de instaurar un modelo propiamente sociosanitario, en el que se perfeccionara la asistencia médica y de enfermería a los residentes.

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