CSIF y Hacienda establecen herramientas para proteger a los funcionarios catalanes

Un funcionario no está obligado a acatar una orden contraria a la ley. Aunque esta afirmación parece obvia, tal nitidez puede llegar a verse comprometida. Esta es la situación en la que podrían encontrarse inmersos los funcionarios catalanes ante el proceso soberanista.

El planteamiento tiene su origen en uno de los anuncios del Consejo de Ministros del 20 de noviembre en el que se impusieron unas condiciones especiales a Cataluña para garantizar el destino de los 3.000 millones de euros asignados a la comunidad y procedentes del excedente de los fondos de liquidez. Estos deberían cumplir con unas condiciones determinadas y serían supervisados a través de controles específicos para verificar su destino: “el pago de los servicios públicos fundamentales”.

El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, anunciaba que las medidas, o garantías adicionales se aplicarían por las “circunstancias políticas que está viviendo Cataluña”, ante lo que se añadía la presentación por parte del ministerio de unas herramientas para ofrecer el “amparo necesario” a los funcionarios en Cataluña “para la ejecución de estas medidas”.

La respuesta fue rápida y contundente. Por un lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ofrecía a los funcionarios catalanes un protocolo de actuación que incluía tanto una guía con instrucciones y formularios para pedir la supuesta orden por escrito, así como modelos de reclamación ante los órganos de inspección y fiscalía. También se activaba una línea de asesoramiento jurídico para aquellos supuesto en los que se produjera la suspensión de empleo y sueldo al funcionario.

Días más tarde, el Ministerio de Hacienda se unía a la iniciativa ofreciendo un canal directo de comunicación para que los empleados públicos de Cataluña pudieran denunciar actos ilegales o realizar consultas sobre actos administrativos que pudieran resultar ilegales. Así lo especifica la secretaría de Estado de Administraciones Públicas en un apartado de la web y lo desarrolla la orden ministerial, PRE/2454/2015, de 20 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la Comunidad Autónoma de Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general publicada el pasado día 21 de noviembre en el BOE.

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