Cronología de la normativa aprobada en 2020 en relación con el Régimen de Clases Pasivas

En el mes de enero del 2020, mediante el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, asume la competencia de Clases Pasivas en lo que se refiere a las “propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas”. De esta manera, se unifica la gestión de las pensiones en un único Ministerio, cuando hasta la fecha, todo relativo a este régimen se ubicaba en el marco del Ministerio de Hacienda.

El Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, había atribuido la competencia para el reconocimiento de las pensiones de Clases Pasivas a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas o a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, según se trate de pensiones causadas por funcionarios civiles o militares, y el pago de todas a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Por su parte, Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, suprime la citada Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, pero paralelamente crea la Dirección General de Costes de Personal. Ello nos invita a preguntarnos, qué organismo análogo sería el responsable de hacerse cargo de la materia relativa a “pensiones públicas”, que habría desaparecido.

Se producen cambios también en la estructura del Ministerio de Defensa en este sentido, mediante Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, desapareciendo la competencia sobre pensiones militares del citado Ministerio, si bien, continuarían siendo de su competencia los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas y pase a retiro. En tanto no se produjeran las modificaciones pertinentes, de manera transitoria, este Ministerio reconocería los derechos pasivos y concesiones de las prestaciones de clases pasivas del personal militar.

Causando especial revuelo por encontrarse en pleno estado de alarma, en el marco de las medidas que se van aprobando por el Gobierno para afrontar la crisis del Coronavirus, se promulga el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. De entre todas las medidas, se pone de manifiesto el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (de las clases pasivas), al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), si bien, transitoriamente, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Tal y como recoge la nota informativa emitida por el Consejo General de Colegios de Habilitados de Pasivas el 24 de abril, el citado RD Ley 15/2020, viene a formalizar el cambio estructural anunciado por el RD 2/2020, no afectando ni al contenido del Régimen de Clases Pasivas en tanto regulación de las pensiones, prestaciones o cuantías, ni tampoco a los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por ISFAS, MUFACE y MUGEJU.

Asimismo, indica la citada norma, que los expedientes de insuficiencia psicofísicas del personal militar se seguirían tramitando en el Ministerio de Defensa y los informes médicos de la sanidad militar tendrían la consideración de dictámenes preceptivos y vinculantes para la declaración del retiro, la relación de causalidad o acto de terrorismo. La competencia para la pensión extraordinaria se atribuye al INSS y para la determinación de acto de servicio del Ministerio de Defensa.

El Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por la que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, va completando este puzle normativo para ofrecer algo de certidumbre ante una situación, agravada por la pandemia del coronavirus, que genera ciertas dudas debido a la escasa planificación y advertencia para los colectivos afectados, respecto de la promulgación de las normas citadas hasta el momento.

La última norma pone el foco en la fecha de 6 de octubre del 2020, cuando, de manera efectiva, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, asumirá las competencias de gestión y pago del Régimen de Clases Pasivas. Asimismo, este régimen será gestionado por el INSS, arrogándose la entidad gestora el reconocimiento, gestión, pago, resolución de recursos de clases pasivas, así como las funciones de gestión y atención al público. Para ejercer todas esas funciones se adscribe al INSS, la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas.

Dado que no es hasta el 6 de octubre cuando entran en vigor las modificaciones del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, derivadas de la aprobación del RD Ley 15/2020, continúan prestando servicios tanto la Dirección General de Pensiones del Ministerio de Defensa, como la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

Desde el 6 de octubre y hasta que la gestión sea asumida por el INSS, el régimen de Clases Pasivas será tramitado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, durante este periodo transitorio, la Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas se adscribirá a dicha Dirección General. Cabe destacar que los procedimientos iniciados antes del 6 de octubre del vigente año se siguen rigiendo por la normativa anterior.

Por último, el Congreso de los Diputados publicó una Resolución de 13 de mayo de 2020, por la que se ordena la publicidad del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. En este sentido, los reales decretos leyes aprobados por el Gobierno deben ser convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días tras su promulgación (siguiendo un procedimiento especial y sumario). Es una previsión contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, tratándose de disposiciones legislativas provisionales, aprobadas por el Gobierno y en caso de extraordinaria o urgente necesidad.

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