Cómo cuenta la “mili” para la jubilación en el régimen de Seguridad Social

El tiempo de servicio militar obligatorio computa en el caso de la jubilación anticipada con el límite máximo de un año. En el caso de la jubilación ordinaria, se tiene en cuenta únicamente el periodo que supere los nueve meses. La propuesta realizada con el Gobierno de Zapatero en 2011 para reconocer el servicio militar o prestación sustitutoria, para los objetores de conciencia, compensando la interrupción de las carreras de estas personas está paralizada con el Ejecutivo de Rajoy.

El asunto trae cola, para millones de españoles el servicio militar obligatorio, la mili, supuso suspender de manera temporal los estudios o el trabajo para cumplir con esta o la prestación social sustitutoria, en los supuestos de objeción de conciencia, algo que en muchos casos no queda reflejado en sus vida laborales. Con el fin alcanzar su reconocimiento previó la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social un proyecto de ley que recogiera dicha situación, disposición que a fecha actual está aplazada.

A los efectos de la jubilación anticipada, el artículo 5. Uno de la Ley 27/2011, reconoce dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada, la que deriva del cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado. Para el primero de los supuestos (jubilación anticipada forzosa) como requisitos exigidos para poder acceder a la jubilación anticipada, se solicita, entre otros, “acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, sólo se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año”. Por tanto, computa el periodo de servicio militar obligatorio, con un máximo de un año, a los efectos de acreditar el periodo de cotización.

En el segundo de los casos respecto del acceso anticipado a la jubilación por voluntad del interesado (jubilación anticipada voluntaria), es necesario acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 35 años, para cuyos efectos se computará “el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año”. De igual forma y con el mismo límite computa la mili en este segundo caso de jubilación anticipada.

Los supuestos de jubilación ordinaria son algo más complejos y los tribunales han tenido que pronunciarse sobre ello. A finales de los 80´ se reconoció como servicios prestados al Estado el tiempo de mili que superase el periodo obligatorio (nueves meses), ello aplicable a los funcionarios del Estado. Con posterioridad, y dado que hay prevista una norma que establece el cómputo recíproco entre los distintos regímenes de la Seguridad Social, muchos trabajadores a los que no se les reconocía el 100% de la pensión comenzaron a reclamar que se les computase la mili.

La ley 27/2011 trataba de resolver este asunto al reconocer en la Disposición adicional vigésima octava el “Cómputo, efectos de Seguridad Social, del periodo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria” en la que se establecía que en plazo de un año, el Gobierno presentaría un proyecto de ley que estableciera un sistema de compensación a la Seguridad Social para que por ésta pudiera reconocerse, a favor de las personas interesadas, un periodo de asimilación del tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria que compensase la interrupción de las carreras de cotización ocasionada por tales circunstancias. Esta disposición fue aplazada con la disposición octogésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

Queda por tanto aplazado el reconocimiento del periodo de la mili o prestación social sustitutoria como cómputo de tiempo cotizado a la Seguridad Social, asunto sobre el que se ha pronunciado el Gobierno popular ante la pregunta planteada por el diputado catalán de Convergencia i Unió, Carles Campuzano quien se interesó por las razones que han llevado a suspender la entrada en vigor de la disposición citada. Según el Gobierno “son muchos los problemas que se han de resolver antes de la efectiva puesta en práctica de esta medida”, entre los que podrían encuadrarse la determinación del colectivo afectado o el sobrecoste que ello supondría.

Más información: voz populi.com

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