Bruselas sanciona a España

A mediados del mes de abril la Ley de Servicios y Colegios Profesionales se guardaba en el cajón pese a la presión ejercida por parte por parte de la Comisión Europea para su aprobación con el fin de liberalizar diferentes sectores y mejorar la competitividad. El posible inicio de procedimiento de infracción contra España era el riesgo a asumir, como así se producía el pasado 18 de junio.

La Comisión Europea publicaba un comunicado de prensa en el que indicaba el inicio de procedimientos de infracción contra seis países entre los que se encuentra España, junto con Alemania, Chipre, Malta, Austria y Polonia. ¿El motivo?: Considerar que la legislación nacional contiene obstáculos excesivos e injustificados en el marco de los servicios profesionales, siendo contrarios a la Directiva de Servicios (aprobaba en 2006). El art. 15 de la Directiva de servicios enumera unos requisitos que se imponen a los prestadores de servicios, que si bien no se consideran estrictamente prohibidos, crean obstáculos en el mercado único de servicios según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión ya había lanzado sus advertencias a España sobre la urgente necesidad de aprobar la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, antes del último día de diciembre del 2014, siendo este proyecto acometido previamente durante el Gobierno de Zapatero, sin llegar en ningún caso a la aprobación definitiva.

Según la nota de prensa y en palabras de la comisaria europea del Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elżbieta Bieńkowska: «La libre prestación de servicios es uno de los pilares del mercado único. En algunos Estados miembros siguen existiendo barreras —ya sea en forma de restricciones a la forma jurídica y la participación en el capital o de requisitos en materia de titulaciones o tarifas fijas— que impiden que tanto sociedades como particulares presten sus servicios libremente en toda la UE. Hoy, no solo estoy lanzando una advertencia; estoy enviando un mensaje de oportunidad: un mercado único de servicios profesionales dinámico conducirá a una economía europea más competitiva, que redundará en beneficio de todos».

En definitiva, la Comisión pide a los Estados miembros que adapten las normas respectivas a la materia, siendo esta primera fase del procedimiento una petición oficial de información. Desde la fecha, los Estados cuentan con dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión.

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