Aprobadas las nuevas leyes que regulan las Administraciones públicas «ad intra» y «ad extra»

Nuestro estado requería de un reforma integral y estructural que permitiera ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto con los ciudadanos y empresas, «ad extra», como con el resto de Administraciones e instituciones del Estado «ad intra».

Se refería a ello el informe elaborado en junio de 2013 por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), la cual partía del “convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas (AA.PP.) eficientes, transparentes y ágiles”. La propuesta implicaba el impulso simultáneo de dos nuevas leyes que constituirían los pilares sobre los que se asentaría el Derecho administrativo español con el fin de dotarnos de un sistema más transparente, claro y racional.

La primera de las normas, reguladora del procedimiento administrativo, integraría las reglas que gobiernan la relación de los ciudadanos con las Administraciones por medios electrónicos.

La segunda, reguladora del régimen jurídico de las AA.PP., comprendería los aspectos no básicos de la estatal, donde se integren las disposiciones que disciplinen la Administración Institucional de acuerdo con las propuestas formuladas por la Subcomisión de Administración Institucional.

El resultado de aquella propuesta de 2013 son las recientemente aprobadas Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

En cuanto a la primera, la Ley 39/2015, que regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos, establece una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados. La finalidad de la ley consiste en implantar una administración completamente electrónica, interconectada y transparente mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación.

Entre otros aspectos, la norma recoge las bases conforme a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las AA.PP. Con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento.

Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha tenido lugar el pasado 2 de octubre, y su entrada en vigor será dentro de un año según establece la Disposición adicional séptima. En cuanto a las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la misma.

En cuanto a la segunda de las normas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público recoge la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas; y por otro, el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administración institucional, como la Administración periférica del Estado. Con la aprobación de esta ley se sistematiza el ordenamiento de las relaciones «ad intra» e «inter» Administraciones procurando asegurar la eficacia y eficiencia de los entes públicos, supervisando su actuación y permitiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos que han de alcanzar.

Tal y como recoge la disposición final decimoctava, ésta ley entra en vigor al año de su publicación en el BOE salvando algunas excepciones, como son entre otras, los puntos uno a once de la disposición final novena (Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, y el punto doce de la misma disposición final, que lo hará a los seis meses de referida publicación.

Con la aprobación de ambas leyes, se establecen los ejes del derecho administrativo común con efectos «ad extra» y «ad intra».

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